SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) se pronunció en contra del anteproyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Advirtió que su aprobación violaría la Constitución, tratados internacionales y principios democráticos. La declaración, emitida en una rueda de prensa, generó revuelo en el sector jurídico y mediático. Según el CARD, el proyecto restringiría derechos fundamentales, poniendo en riesgo la libertad de prensa.

El anteproyecto, presentado por el presidente Luis Abinader, busca actualizar la normativa vigente, como la Ley 6132 de 1962. Sin embargo, el gremio alertó sobre posibles mecanismos de censura. Organismos como el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) también expresaron preocupación. Este debate pone en el centro la pregunta: ¿es una modernización necesaria o un retroceso democrático?

CARD Denuncia Riesgos

El CARD señaló que la Ley de Expresión podría vulnerar derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. En su declaración, destacó artículos que impondrían sanciones desproporcionadas a medios y periodistas. “Esta ley amenaza el pluralismo informativo”, afirmó Miguel Surún, presidente del CARD, en la rueda de prensa. La crítica se centra en el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que tendría facultades para eliminar contenidos digitales.

Además, el gremio recordó su rechazo a proyectos similares, como la Ley sobre Derecho a la Intimidad de 2022. Según expertos, la Ley de Expresión podría concentrar poder en el Estado, limitando la libertad de prensa (Rodríguez, 2023). Por ello, el CARD exigió vistas públicas para garantizar un debate inclusivo. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) apoyó esta solicitud, confiando en que el diálogo enriquecerá el proyecto.

Preocupa el control estatal

El anteproyecto de la Ley de Expresión busca regular plataformas digitales y combatir la desinformación, según el Ejecutivo. Sin embargo, críticos advierten que podría servir para controlar narrativas disidentes. CAESCO propuso un modelo corregulador que incluya a medios, periodistas y creadores de contenido. Esta idea busca evitar que el
Estado monopolice la regulación.

El CARD subrayó que la libertad de expresión es un pilar democrático irrenunciable. “No permitiremos retrocesos”, afirmó Surún. La preocupación radica en disposiciones que responsabilizan a medios por contenidos que afecten el honor, lo que podría generar autocensura. Además, la facultad de INACOM para intervenir en plataformas digitales alarma a los defensores de derechos digitales (Gómez, 2024).