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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste ha comenzado a procesar activamente casos relacionados con accidentes de tránsito, disputas entre vecinos y otros tipos de incidentes municipales que ocurren con frecuencia en esta demarcación.
Estos casos, que anteriormente requerían largos desplazamientos, ahora son atendidos en los Juzgados de Paz designados específicamente para esta jurisdicción. Para llevar a cabo de manera eficiente la atención de estos asuntos, fueron nombrados los magistrados Cecilia Toribio Melo y Reye Rodríguez como jueces de paz, quienes asumen la responsabilidad completa de la gestión de estos conflictos en la zona.
Decisión clave del Poder Judicial
Además, el Poder Judicial oficializó la implementación de esta medida a partir del día 2 de septiembre del presente año, lo cual fue logrado en respuesta a una resolución previamente solicitada por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Este cambio fundamental tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia local, permitiendo que los residentes de esta área específica ya no tengan que desplazarse hasta Santo Domingo Norte para resolver diversos asuntos relacionados con el tránsito, así como conflictos municipales.
Este tipo de medida representa un avance clave en la búsqueda de una justicia más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.
Facilidad inmediata para los ciudadanos
Antes de la implementación de esta medida, los ciudadanos de Santo Domingo Oeste enfrentaban serias dificultades para continuar con sus casos, ya que el tener que trasladarse hasta Villa Mella representaba un obstáculo considerable.
Este largo trayecto, junto con el tiempo y esfuerzo que implicaba, llevó a que muchos ciudadanos optaran por abandonar sus casos, en lugar de seguir con los procesos legales necesarios para resolver conflictos de tránsito y disputas locales.
Según las declaraciones proporcionadas por los representantes del Ministerio Público, este problema recurrente ahora tiene solución con la apertura de los Juzgados de Paz en la zona.
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Primer caso tratado
En este contexto, el primer caso tratado en los nuevos Juzgados de Paz de Santo Domingo Oeste resultó en la imposición de una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra Lovensley Lazar. El acusado fue imputado por la Fiscalía tras atropellar y causar la muerte de Ruth Pérez Díaz Heureaux el pasado 30 de agosto en el sector Hato Nuevo, un hecho trágico que conmocionó a la comunidad local.
Detalles clave del accidente
De acuerdo con el documento oficial presentado por el Ministerio Público, la víctima, Pérez Díaz Heureaux, falleció mientras recibía atención médica debido a las graves heridas sufridas en el accidente.
Según se detalla en el informe, Lazar conducía una motocicleta marca AVA GG 150 de color negro, sin placa, sin seguro y sin contar con una licencia de conducir al momento del incidente. Estas irregularidades contribuyeron a la gravedad del caso, lo que justificó la medida impuesta por el tribunal.
Cumplimiento de la medida judicial
Lazar deberá cumplir la medida de coerción dictada por el tribunal en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre el caso. El Ministerio Público, representado por el fiscalizador Sandy Santa, procedió a formular la acusación en base a violaciones múltiples a la Ley 63-17, que regula de manera estricta el tránsito, transporte y seguridad vial en toda la República Dominicana.
Violaciones a la ley de tránsito
La Fiscalía imputó a Lazar por violar varios artículos específicos de la mencionada Ley 63-17. Entre los artículos que el Ministerio Público destacó se encuentran los artículos 217, 220, 299, 303, 303-3, 303-5 y 304-2, los cuales establecen sanciones claras para aquellos conductores que circulan sin la documentación adecuada, así como la falta de seguro y la omisión de placas.
Además, se mencionan los daños graves causados a terceros, lo que incrementa la gravedad del caso. De esta manera, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste sigue reforzando la aplicación de la ley para garantizar una mayor seguridad vial y justicia en la región.
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