Mientras el Congreso debate una ley que impone veda de diez años, siete diputados y un senador con intereses en el sector enfrentan señalamientos de conflicto de interés
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Ocho legisladores con vínculos económicos en el sector de bancas y juegos de azar participan en la discusión del proyecto de ley que regulará la industria, una situación que ha encendido las alarmas sobre un potencial conflicto de interés en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados aprobó en julio pasado un texto que incluye una moratoria de diez años para nuevas licencias, una disposición que no estaba en la versión original del Senado, de acuerdo una publicación de .
El negocio del azar y sus dueños en el Congreso
Siete diputados y un senador aparecen vinculados a consorcios de bancas de lotería y apuestas deportivas. El senador Eduard Alexis Espiritusanto Castillo (Fuerza del Pueblo) figura al frente del Consorcio de Bancas Eduard. La Asociación de Bancas de Loterías de Santo Domingo Oeste (ASOBALSO) lo ha denunciado públicamente por promover la instalación de bancas ilegales en esa demarcación.
Diputados con negocios en la mira
En la Cámara Baja, Domingo Eusebio De León Mascaró (Fuerza del Pueblo) opera el Consorcio de Bancas La Solución y Loteka. Sergio “Gory” Moya de la Cruz (PRM), mencionado en la Operación Calamar como coordinador de un esquema de extorsión a bancas, es propietario de La Solución Sport SRL. Juan Carlos Echavarría Milané (PLD) reporta ganancias anuales de 34.7 millones de pesos por el Consorcio de Bancas Joselito.
Fortunas millonarias bajo la lupa
Carlos José Gil Rodríguez (Fuerza del Pueblo) declaró activos por 108 millones de pesos ante la Cámara de Cuentas. Orlando Antonio Martínez Peña (PRM) es accionista de Lotedom. Melvin Alexis Lara Melo (PRM) y Alexander Javier Cuevas (PRM) completan la lista con Bancas Alex Lara y Bancas Alex Sport, respectivamente.
La ley que beneficia a los que legislan
El proyecto de Ley de Juegos de Azar, aprobado por los diputados en dos lecturas consecutivas el 23 de julio, establece que ninguna persona podrá instalar nuevos establecimientos durante diez años. Quienes ya operan con licencia vigente tendrán un año para regularizarse bajo el nuevo régimen. El articulado también fija distancias mínimas de 500 metros entre bancas deportivas y prohíbe su ubicación cerca de escuelas, hospitales e iglesias.
El fantasma del conflicto de interés
El comunicador Luciano Aybar ha señalado públicamente la existencia de un conflicto de intereses en el Congreso por legisladores cuyos intereses económicos se debaten en las cámaras. La coincidencia entre los negocios de los ocho congresistas y las disposiciones de la ley que están discutiendo plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso legislativo.
Mientras el Senado evalúa las modificaciones introducidas por los diputados, la ciudadanía observa con recelo cómo quienes tienen participación en el sector definen las reglas del juego. La pregunta que queda flotando es si la moratoria de diez años protege a los actuales operadores o resguarda el interés público.
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