Cuatro sentencias firmes ordenan pagar retroactivos desde 2020, pero el Ministerio de Hacienda y la DGJP no han ejecutado los fallos
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Javier Díaz, y el director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, Juan Rosa, podrían enfrentar acciones judiciales por el alegado incumplimiento de cuatro sentencias firmes que ordenan el reajuste de pensiones y el pago de diferencias retroactivas, según advirtió el abogado Oliver Moisés Batía Burgos, del Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos.
Cuatro sentencias sin ejecutar
El abogado Batía aseguró que las decisiones judiciales han sido notificadas en distintas ocasiones a las instituciones correspondientes y que, pese a las intimaciones, no se ha producido el cumplimiento integral. Los actos fueron instrumentados el 1 de octubre de 2026, a requerimiento de Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás, Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez.
«Mensualmente, el Estado está acumulando una deuda de RD$743,136 por concepto de retroactivo en beneficio de mis cuatro clientes. Además de eso, las sentencias mandan a pagar un 1 % de interés mensual sobre ese retroactivo», declaró Batía. Las liquidaciones incorporadas a los actos, calculadas al 30 de septiembre de 2026, ascienden en conjunto a RD$53,063,634.03.
La ruta judicial
Batía explicó que, agotado el plazo de cinco días hábiles concedido en los mandamientos de pago, las actuaciones contra los responsables seguirían vías distintas. En el caso del ministro de Hacienda, la acción correspondiente podría llevarlo a comparecer ante la Suprema Corte de Justicia. El procedimiento relacionado con el responsable de Jubilaciones y Pensiones sería llevado ante el Palacio de Justicia.
El jurista contempla presentar acciones con constitución en actor civil, invocando los artículos 286 y 339 del Código Penal dominicano. El nuevo Código Penal, contenido en la Ley 74-25, prevé penas de prisión para funcionarios que incumplan sentencias judiciales.
Una deuda que crece
Las diferencias reclamadas se remontan a diciembre de 2020. «Estamos ante sentencias que adquirieron autoridad de cosa juzgada. No estamos solicitando un favor administrativo; estamos exigiendo el cumplimiento de decisiones de los tribunales», sostuvo Batía.
Los cuatro pensionados dedicaron más de 30 y, en algunos casos, más de 35 años al servicio del Estado. «Detrás de cada expediente hay una persona que merece vivir esta etapa de su vida con dignidad y tranquilidad, sin tener que seguir luchando por lo que le corresponde», afirmó el abogado.
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