En República Dominicana hay debates que parecen lejanos hasta que un día amanecen sentados en la mesa de la casa. El financiamiento público de los partidos es uno de ellos. A primera vista, el recorte electoral suena a pleito entre políticos, a queja de oficinas con aire acondicionado, a otro capítulo de esa novela nacional donde todos dicen defender al pueblo mientras calculan con lápiz fino lo que les toca. Pero cuidado. Detrás de ese tema frío, técnico y aparentemente impopular, se está moviendo una pregunta mayor: ¿puede el Gobierno reducir, por vía presupuestaria, el oxígeno legal de sus competidores políticos sin alterar las reglas de la democracia?
La respuesta debería preocuparnos
La Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en los años no electorales el Estado debe destinar el 0.25 % de los ingresos nacionales al financiamiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esa es la regla. No es una dádiva. No es una “fundita”. No es un favor del Palacio. Es una previsión legal pensada para evitar que la competencia política dependa solo del bolsillo de empresarios, grupos de presión o intereses oscuros que aprovechan esos escenarios.
Sin embargo, el Presupuesto de 2026 consignó apenas el 0.12 %. Menos de la mitad de lo previsto. Y ahora, además, se plantea otro recorte electoral. Ahí está el problema. No se trata de apretarse el cinturón en tiempos difíciles. Se trata de pasar dos veces la tejera sobre una partida que la ley ya había definido con claridad. Cuando el poder administra el dinero de sus adversarios, la austeridad deja de parecer virtud y empieza a parecer ventaja.
La ley también compite
La Junta Central Electoral no habló por capricho. Su advertencia sobre el recorte electoral fue clara: una reducción de ese tipo afectaría principios esenciales como la certidumbre, la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica. Traducido al idioma de la calle: si no se respeta lo que manda la ley, la competencia se desnivela antes de que empiece la campaña.
Porque la democracia no se juega solo el día de las elecciones. Se juega mucho antes. Se juega cuando un partido puede organizarse, formar cuadros, fiscalizar, comunicar, recorrer barrios, sostener locales, pagar técnicos y mantener presencia territorial. Se juega cuando la oposición tiene condiciones mínimas para existir sin tener que vender el alma al mejor postor.
Aquí nadie debe hacerse el inocente. Los partidos dominicanos tienen enormes déficits. Muchos son maquinarias clientelares. Otros viven del apellido, del caudillo, del carguito o del cálculo. Hay organizaciones que deben más explicaciones que discursos. Pero esa crítica, necesaria y legítima, no autoriza al Gobierno a recortar la cancha mientras juega desde el lado con más recursos.
Una cosa es exigir transparencia, rendición de cuentas y sanciones severas al mal uso del dinero público. Otra muy distinta es reducir el financiamiento legal de todo el sistema, incluyendo a quienes deben fiscalizar al partido en el poder.
El riesgo privado
Veinticuatro organizaciones políticas acudieron ante la JCE para pedir que se respete la partida. Entre ellas están partidos grandes, medianos y pequeños. Y aunque algunos quieran burlarse de las organizaciones minoritarias, conviene recordar algo elemental: el pluralismo no se mide por simpatía. Se mide por derechos.
El argumento de fondo no pierde peso porque lo levanten partidos de oposición. Al contrario, debe evaluarse por su consecuencia institucional. Si el financiamiento público, se debilita demasiado los partidos buscarán recursos privados. Y cuando, por este tipo de recorte electoral, la política depende más del cheque privado que del financiamiento regulado, el ciudadano queda en desventaja frente al donante poderoso.
Ese es el punto que debería encender las alarmas. No estamos hablando de salvar nóminas partidarias. Estamos hablando de evitar que las campañas terminen hipotecadas ante sectores económicos capaces de financiar candidaturas, imponer agendas y cobrar favores después. En política, nadie da tanto dinero por amor al arte. Y cuando alguien paga la música, casi siempre pretende escoger la canción.
Una historia conocida
Este país ya conoce esa película. Durante la dictadura de Trujillo, el poder político no competía: se imponía. El Partido Dominicano era parte del aparato del régimen y la oposición sobrevivía perseguida, silenciada, asesinada, expulsada de la vida pública. Después, durante el balaguerismo, la oposición denunció durante años el peso desigual del Estado, el uso de ventajas oficiales y la maquinaria gubernamental puesta al servicio de la permanencia.
Por eso el financiamiento público no nació como un lujo. Nació como una barrera mínima contra el abuso. Francisco Peña Gómez entendió que sin recursos públicos regulados, la oposición quedaba empujada a tocar puertas privadas o a competir con las manos amarradas. Esa fue una conquista democrática. Imperfecta, sí. Mal administrada muchas veces, también. Pero conquista al fin.
Por eso resulta irónico que hoy se quiera presentar el recorte como simple administración fiscal. No. Cuando una partida legal destinada a equilibrar la competencia política se reduce por debajo de lo establecido, el asunto deja de ser contable. Se vuelve institucional. Y cuando se insiste en recortarla otra vez, la sospecha crece.
El poder comunica más
Bajemos ahora del lenguaje jurídico al barrio, que es donde la democracia se siente aunque no siempre se nombre. Al ciudadano que madruga para tomar la voladora, la Omsa o el motoconcho no le quita el sueño el artículo 224. Probablemente no lo ha leído ni tiene por qué leerlo. Pero sí le afecta que solo una voz tenga dinero suficiente para llenar las calles de propaganda, dominar la conversación pública y repetir su versión hasta volverla paisaje.
Sí le afecta que la oposición se debilite. Sí le afecta que haya menos fiscalización. Sí le afecta que la política quede en manos de quienes tienen acceso al presupuesto, a la publicidad oficial, a las estructuras estatales y a los grandes patrocinadores privados.
Porque cuando un Gobierno tiene recursos para comunicar todos los días y como consecuencias de esos recortes electorales sus adversarios apenas pueden respirar, la competencia deja de ser pareja. Y si, además, el árbitro electoral advierte que se está afectando la equidad, lo prudente no es hacerse el sordo. Lo prudente es corregir.
No es defender privilegios
Hay que decirlo sin miedo: defender el financiamiento público no significa defender vagabunderías partidarias. Al contrario. Si el Estado entrega dinero a los partidos, debe exigir informes claros, auditorías reales, sanciones ejemplares y transparencia total. Cada peso debe justificarse. Cada gasto debe documentarse. Cada abuso debe castigarse.
Pero una democracia seria no corrige la opacidad creando asfixia. Corrige con controles. Corrige con fiscalización. Corrige con consecuencias. Recortar sin reformar puede sonar popular, pero puede terminar siendo peligroso. Es el tipo de medida que recibe aplausos fáciles porque nadie quiere defender a los partidos, aunque por debajo debilite el sistema que permite sacar gobiernos sin violencia.
La advertencia final
República Dominicana no necesita partidos mantenidos sin control. Necesita partidos fiscalizados, transparentes y capaces de competir. Tampoco necesita gobiernos que, bajo el discurso de la austeridad, terminen concentrando ventajas. La democracia no muere solamente con tanques en las calles. A veces se va apagando por partidas recortadas, árbitros ignorados, oposiciones debilitadas y ciudadanos convencidos de que nada de eso les afecta.
El recorte electoral sí les afecta
Les afecta cuando nadie fiscaliza el gasto. Les afecta cuando el Congreso se vuelve eco. Les afecta cuando la oposición depende de empresarios que luego pasan factura. Les afecta cuando solo el poder tiene micrófono, tarima, valla, pauta y bocina.
Por eso este recorte electoral no debe mirarse como un simple pleito por dinero. Debe mirarse como una señal. Y las señales, cuando vienen del poder, hay que leerlas completas. Porque si hoy se reduce el oxígeno legal de los partidos, mañana se puede reducir cualquier otra garantía bajo el mismo argumento administrativo.
Al final, la pregunta es sencilla: ¿queremos una democracia con competencia real o una democracia donde el Gobierno corre con tenis nuevos y los demás con los cordones amarrados? Porque en política, como dice la gente en el barrio, cuando uno solo reparte la comida, casi siempre termina sirviéndose primero.
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