Presidente ordena cese inmediato del proyecto minero Romero tras presión ciudadana y advertencia legal
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El presidente Luis Abinader ordenó el freno al proyecto minero Romero en San Juan. La disposición es inmediata. El mandatario citó la Ley 64-00 y el rechazo masivo de la comunidad como razones centrales. “Este Gobierno escucha”, dijo.
Orden ejecutiva sorpresiva
El decreto verbal cayó como balde de agua fría en la industria extractiva. Abinader fue claro: no hay marcha atrás por ahora. El proyecto minero Romero no continuará. La decisión surgió tras semanas de protestas en la provincia sureña. Los residentes temían daños al agua y la agricultura local.
Las concesiones de exploración datan de 2005. Fueron renovadas en 2010, 2015 y 2018. El actual gobierno solo permitió estudios ambientales. Nunca autorizó la explotación. “Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, afirmó el presidente.
Ley de medioambiente aplicada
La Ley 64-00 fue el martillo legal usado por Abinader. El artículo que permite frenar proyectos por rechazo social masivo pesó en la balanza. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente confirmaron a este diario que no existe permiso de explotación vigente para la minera.
Estadísticas del Colegio Dominicano de Ingenieros indican que el 78% de los proyectos mineros grandes enfrentan hoy oposición vecinal. El freno al proyecto minero Romero sienta un precedente único en la última década. Organizaciones ecologistas locales aplaudieron la medida.
Reacciones en San Juan
Líderes comunitarios de Juan de Herrera y Las Yayas de Viajama recibieron la noticia con lágrimas. “Salvamos nuestros ríos”, dijo a Alcarrizos News Ramón Pérez, vocero de la Junta de Vecinos. La empresa dueña del proyecto no ha emitido declaración oficial hasta el cierre de esta edición.
El freno al proyecto minero Romero significa un giro en la política energética nacional. Abinader destacó que el gobierno escucha “con atención, con respeto y con responsabilidad”. Analistas políticos ven en el acto una respuesta directa al creciente ambientalismo popular.
Lo que viene ahora
El presidente ordenó detener “cualquier actividad relacionada”. Incluye estudios, movimientos de tierra y reuniones técnicas. El Ministerio de Energía y Minas deberá revisar los expedientes en un plazo de 30 días. La decisión final queda sujeto a nueva consulta ciudadana.
La detención del proyecto minero Romero no implica cancelación definitiva de la concesión, pero sí una pausa indefinida. Expertos en derecho ambiental consultados por este periodista coinciden: la medida es sólida y difícil de revertir sin un cambio de ley.
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