La nueva Ley de Contrataciones Públicas deja sin RPE a 81 funcionarios electos y designados, entre ellos 11 senadores, en una medida preventiva que endurece las inhabilidades
SANTO DOMINGO, República Dominicana – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha dejado sin efecto, de manera preventiva, 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) de funcionarios electos y designados en lo que va de 2026, como parte de la aplicación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. La medida, que incluye a 11 senadores, responde al nuevo régimen de inhabilidades absolutas que prohíbe cualquier participación societaria o función directiva en empresas que contraten con el Estado.
La nueva ley cambia las reglas del juego
La suspensión RPE funcionarios se fundamenta en el artículo 38 de la Ley 47-25, vigente desde enero de 2026, que eliminó la excepción contemplada en la derogada Ley 340-06. Aquella normativa permitía a funcionarios de primer y segundo nivel, incluidos los legisladores, mantener hasta un 10 % de participación accionaria en empresas proveedoras del Estado. La nueva legislación, en cambio, establece una prohibición expresa sin importar el porcentaje de acciones.
El órgano rector aclaró que la suspensión RPE funcionarios no constituye una sanción administrativa ni una medida punitiva. Se trata, explicó, de una acción de naturaleza preventiva para garantizar el cumplimiento de las inhabilidades mientras los afectados permanezcan en sus cargos. Las suspensiones se extenderán hasta seis meses después de que abandonen sus funciones.
Un proceso con advertencia previa
La DGCP emitió el 13 de febrero la circular DGCP44-PNP-2026-001, otorgando 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos en las causales solicitaran voluntariamente la suspensión de su RPE. Concluido ese plazo, la institución procedió con las suspensiones de oficio, conforme al artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
La suspensión RPE funcionarios afectó a once senadores, cuyos nombres y vínculos empresariales han sido publicados por la DGCP. La institución aseguró que los cruces de datos y las verificaciones realizadas forman parte de sus labores rutinarias para preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado..
Cifras que hablan de un cambio de régimen
En lo que va de 2026, la DGCP ha emitido tres actos administrativos -DGCP44-2026-000893, DGCP44-2026-001477 y DGCP44-2026-002424- que ordenan la suspensión de oficio de 81 RPE de funcionarios electos y designados. La entidad informó que durante el periodo 2020-2025 suspendió 591 registros bajo las disposiciones de la derogada Ley 340-06.
La diferencia entre ambas cifras refleja el endurecimiento de la normativa. Mientras la antigua ley permitía cierta participación accionaria, la nueva cierra cualquier resquicio. La DGCP advierte que continuará con los procesos de verificación para impedir que personas legalmente impedidas participen en licitaciones públicas.
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