Más de 400 productores agrícolas denuncian intentos de despojo con respaldo policial, mientras un expediente duerme en el Tribunal de Tierras
LOS ALCARRIZOS, República Dominicana – El conflicto agrario que sacude a la comunidad de Hato Nuevo Factoría tiene rostro y voz: más de 400 parceleros agrupados en las asociaciones agropecuarias La Unión y Santa Rosa viven en zozobra constante. Denuncian que particulares sin documentación legal, acompañados de contingentes policiales, intentan arrebatarles las tierras que han trabajado por más de tres décadas, de acuerdo con el reporte de Donald Troncoso para Noticias Ahora (CDN).
El conflicto llegó a los tribunales
Domingo Genao, dirigente parcelero, señaló a Eladio Sánchez como el principal promotor del despojo. Sánchez, según Genao, alega ser propietario apoyándose en gestiones de su hija Magali Sánchez, quien presuntamente labora en el Ministerio Público.
“Tenemos un problema desde el año 2024, pero nosotros tenemos la parcela por más de 30 años”, afirmó Genao en el referido reporte de CDN. Los parceleros cuentan con un asentamiento oficial otorgado por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
El caso se ventila actualmente en el Tribunal de Tierra bajo un expediente de 2025. A pesar del proceso judicial activo, las intervenciones policiales no han cesado.
Tres décadas de producción amenazadas
Los afectados han desarrollado cultivos agrícolas, producción ganadera y piscicultura con apoyo del IAD, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Este conflicto agrario no es nuevo. En julio de 2024, parceleros de Los Alcarrizos ya habían exigido al IAD la titulación definitiva de las parcelas 2, 3, 10, 46 y 61 del distrito catastral 31, ocupadas por más de cuatro décadas. Los terrenos fueron transferidos al IAD mediante decretos de 1995 y 1996.
En junio de 2024, parceleros de Hato Nuevo, Villa Linda, denunciaron que funcionarios pretenden despojarlos para supuestos proyectos. Pedro Farías, presidente de la Cooperativa Agraria Santa Rosa, afirmó que compraron al CEA y otros fueron posicionados por el IAD, por lo que cualquier desalojo sería ilegal.
Llamado a las autoridades
La comunidad hizo un llamado urgente al Abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano, y a la Procuradora General, Jenny Berenice Reinoso. Solicitaron que se eviten órdenes de desalojo sin una investigación exhaustiva sobre la legitimidad de los derechos de propiedad en la zona.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado abusos en desalojos en el municipio, señalando que se realizan sin documentación legal que los sustente.
Un conflicto que trasciende lo judicial
Este conflicto agrario refleja la fragilidad de la seguridad jurídica en las zonas rurales de República Dominicana. Los parceleros, que han invertido décadas de trabajo y sacrificio, enfrentan ahora la amenaza de perderlo todo mientras el Estado, a través de sus instituciones, parece no ofrecerles la protección que demandan.
El Tribunal de Tierra tiene en sus manos la resolución definitiva. Pero mientras el expediente avanza, las familias de Hato Nuevo Factoría siguen en vilo, con la incertidumbre de no saber si mañana seguirán siendo dueños de la tierra que hoy cultivan.
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