Las cuentas del MOPC han sido embargadas en varias ocasiones y aún así no realizan los pagos autorizados por sentencia
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, fue emplazado formalmente para comparecer ante el Tribunal Superior Administrativo en un proceso de ejecución de sentencias laborales que, según los reclamantes, el Estado mantiene incumplidas. El abogado Oliver Batia, representante de los afectados, confirmó que el MOPC no ha respetado los fallos del TSA, lo que derivó en la citación del funcionario.
El emplazamiento que sacude al MOPC
El Acto No. 229-26 de Notificación de Auto y Emplazamiento fue notificado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Procuraduría General Administrativa. La audiencia se celebrará este jueves. Las notificaciones fueron practicadas por alguaciles competentes y entregadas en las dependencias oficiales del MOPC, conforme a la legislación dominicana.
Oliver Batia, director del Centro Jurídico e Inversiones Batia Ramos, representa a Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos Molina Romero. El jurista sostiene que el MOPC ha ignorado decisiones judiciales que ya adquirieron la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
Embargos contra fondos en Banreservas
Los reclamantes iniciaron procedimientos de embargo retentivo contra el MOPC. La señora Castillo Rodríguez formalizó el Acto No. 266-26 el 29 de junio de 2026. Este embargo afecta fondos del ministerio depositados en el Banco de Reservas.
La medida se sustenta en la Sentencia Definitiva No. 0030-02-2025-SSEN-00702. El fallo fue dictado el 6 de noviembre de 2025 por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Un patrón de incumplimiento judicial
No es la primera vez que el MOPC enfrenta este tipo de acciones. Las cuentas de la institución han sido embargadas en varias ocasiones. Los pagos autorizados por sentencia siguen sin materializarse.
De acuerdo con los reclamantes, las acciones buscan garantizar la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. La comparecencia judicial persigue la materialización de derechos reconocidos por los tribunales competentes.
Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero también ejecutó un procedimiento similar. Su embargo se basa en la Sentencia Definitiva No. 0030-1643-2025-SSEN-00799, dictada el 21 de noviembre de 2025 por la Quinta Sala del TSA.
Un Estado que no paga lo que debe
La ejecución de sentencias constituye un pilar del Estado de derecho. Sin embargo, el MOPC ha acumulado fallos en su contra sin cumplirlos. La ejecución de sentencias laborales se ha convertido en un dolor de cabeza recurrente para los afectados.
Los ciudadanos que ganan sus casos en el TSA enfrentan luego un segundo calvario: cobrar. El proceso de ejecución de sentencias administrativas en República Dominicana sigue siendo un desafío para los justiciables.
La citación de Eduardo Estrella marca un punto de inflexión. Por primera vez, un ministro en funciones deberá responder personalmente por el incumplimiento de fallos judiciales. La audiencia definirá si el Estado dominicano honra o no sus compromisos con la justicia.
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