El ministro de Obras Públicas y su institución enfrentan una demanda por desacato tras ignorar sentencias que ordenan el pago de más de un millón de pesos a servidores públicos de carrera
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y el MOPC fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo por desacato del MOPC al incumplir dos sentencias definitivas que ordenan el pago de derechos adquiridos a servidores públicos de carrera. La multa coercitiva de RD$5,000 diarios acumula ya RD$1,025,000 desde el 1 de diciembre de 2025.
Sentencias ignoradas por el MOPC
Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos, confirmó que el MOPC fue notificado formalmente de los fallos emitidos por el TSA. Las decisiones judiciales ordenan el pago de incentivos de rendimiento individual, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas a favor de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero.
Ambas sentencias adquirieron carácter definitivo tras la certificación de la Suprema Corte de Justicia sobre la inexistencia de recursos de casación. Los mandamientos de pago fueron notificados mediante actos de alguacil al ministro Estrella, iniciando la fase de ejecución.
Multa diaria de RD$5,000
La Primera Sala del TSA acogió parcialmente el recurso de Castillo Rodríguez y ordenó al MOPC pagar RD$731,380.39 por incentivos y vacaciones. El tribunal impuso una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento. La penalidad comenzó a correr el 1 de diciembre de 2025 y al 23 de junio de 2026 acumula RD$1,025,000.
La Quinta Sala del TSA ordenó a la institución pagar RD$346,362.19 a Molina Romero por conceptos similares. El monto total ordenado por el tribunal asciende a RD$1,077,742.58. Las sentencias excluyeron de responsabilidad personal al ministro y a funcionarios anteriores.
Intolerancia y nuevo proceso judicial
Batia denunció la «intolerancia» del ministro y su equipo ante la negativa de cumplir los fallos. «Llegaremos hasta las últimas consecuencias para reivindicar el derecho de estas laboriosas personas», afirmó el abogado.
El TSA fijó para el 28 de julio de 2026 una audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial. La acción judicial sostiene que la falta de ejecución ha provocado perjuicios económicos a los demandantes.
El desacato del MOPC no solo afecta a los servidores públicos directamente implicados. La Ley 41-08 sobre Función Pública establece el derecho de los empleados de carrera a percibir estos beneficios. Ignorar las decisiones judiciales debilita el Estado de derecho y envía un mensaje peligroso sobre la impunidad institucional.
El costo del incumplimiento
El Estado dominicano ha sido perjudicado con más de un millón de pesos por la mora del MOPC. Esta cifra continuará creciendo a razón de RD$5,000 diarios hasta que la institución cumpla lo ordenado. El desacato del MOPC representa un precedente grave en la administración pública dominicana.
Las fuentes judiciales consultadas confirmaron la existencia de ambas sentencias y la notificación formal al ministro. El Centro Jurídico Batia Ramos actúa como representante legal de los servidores afectados, con respaldo documental verificable ante el TSA.
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