El expresidente denuncia US$20,000 millones en proyectos detenidos durante cinco años y propone plazos obligatorios al Estado
HIGÜEY, República Dominicana, – El expresidente Leonel Fernández propuso agilizar los permisos de construcción y establecer plazos obligatorios para las instituciones públicas. Durante un encuentro celebrado el domingo 8 de noviembre en La Altagracia, denunció que inversiones por US$20,000 millones llevarían cinco años paralizadas. Según el presidente de la Fuerza del Pueblo, las demoras administrativas afectan principalmente proyectos inmobiliarios y turísticos vinculados a Punta Cana.
Inversiones bajo incertidumbre
Fernández aseguró que había conversado con desarrolladores inmobiliarios cuyos proyectos permanecen pendientes de autorizaciones. Asimismo, cuestionó que las instituciones públicas prolonguen durante años las decisiones sobre solicitudes de inversión. «Eso es una infamia. Eso no debe ser», manifestó el exmandatario al reclamar respuestas oportunas para los inversionistas.
Sin embargo, la cifra de US$20,000 millones corresponde a su denuncia. Las informaciones consultadas no incluyen un inventario público que permita comprobar independientemente el monto y la antigüedad de cada proyecto. El dirigente opositor también vinculó las demoras con la actividad económica. Según sus declaraciones, el sector construcción registró una contracción del 1.8 % durante 2025.
Plazos para decidir
Ante esta situación, Fernández planteó una normativa que obligue a las autoridades a responder las solicitudes de permisos de construcción dentro de períodos definidos. Su propuesta contempla plazos de cuatro o cinco meses, e incluso hasta un año, dependiendo de las disposiciones que establezca la normativa.
Además, propuso aplicar el silencio administrativo positivo. Bajo ese mecanismo, la falta de respuesta institucional dentro del plazo establecido equivaldría a una autorización. El expresidente identificó a los ministerios de Turismo y Medio Ambiente entre las instituciones que deberían responder oportunamente. También mencionó al Tribunal Superior Administrativo como instancia para conocer eventuales controversias.
Desarrollo con protección ambiental
Fernández aclaró que agilizar los permisos de construcción no debería significar abandonar las evaluaciones ambientales ni comprometer los recursos naturales. Por el contrario, defendió la protección de áreas protegidas y la preservación de terrenos destinados a actividades agrícolas y ganaderas.
Igualmente, reclamó una delimitación clara de las zonas disponibles para nuevos desarrollos inmobiliarios y turísticos. Durante el encuentro, representantes empresariales de La Altagracia expusieron preocupaciones relacionadas con infraestructura, seguridad, competitividad y servicios básicos.
Entre ellos, Jorge Ipas, representante de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia, respaldó la necesidad de agilizar los trámites administrativos.
Reclamo de respuestas oficiales
El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó nuevamente las esperas prolongadas para obtener permisos de construcción y advirtió sobre posibles prácticas irregulares. No obstante, sus señalamientos sobre corrupción constituyen denuncias políticas y no acreditan responsabilidades individuales.
Hasta las publicaciones consultadas, no consta una respuesta específica de las autoridades señaladas sobre los US$20,000 millones denunciados. La posición oficial de los ministerios involucrados permanece pendiente de confirmación. Su respuesta resulta necesaria para contrastar las cifras y conocer las razones de los retrasos alegados.
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