Los dos regidores de Fuerza del Pueblo recurren al amparo de cumplimiento por presuntas resoluciones incumplidas del Concejo Municipal de Los Alcarrizos
LOS ALCARRIZOS, República Dominicana, – Los regidores Benjamín Díaz Benítez y Manuel Ferreira Lazala, de Fuerza del Pueblo (FP), accionaron contra el alcalde Junior Santos mediante un amparo de cumplimiento. La actuación judicial está relacionada con el presunto incumplimiento de resoluciones del Concejo Municipal de Los Alcarrizos por parte del alcalde.
Un acto de alguacil identifica a ambos concejales como accionantes y emplaza al alcalde Danilo Rafael Santos a comparecer ante el Tribunal Superior Administrativo.
Dos regidores accionan judicialmente
La acción de amparo de cumplimiento coloca ante la jurisdicción administrativa una controversia relacionada con las decisiones del órgano normativo y fiscalizador del Ayuntamiento. Según el documento examinado, Benjamín Díaz y Manuel Lazala actúan conjuntamente en el procedimiento dirigido contra Junior Santos.
Ambos regidores pertenecen a Fuerza del Pueblo y ejercen funciones de representación y fiscalización dentro del gobierno municipal. Asimismo, el acto identifica al alcalde como parte accionada y menciona a la Oficina del Abogado General de la Administración Pública entre los destinatarios de la notificación.
Resoluciones bajo controversia municipal
El procedimiento gira alrededor del alegado incumplimiento de disposiciones municipales que, según el planteamiento de los accionantes, correspondería ejecutar a la administración del cabildo. La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece las atribuciones del Concejo Municipal y las responsabilidades ejecutivas de la Alcaldía.
En ese contexto, las resoluciones constituyen instrumentos mediante los cuales el órgano colegiado adopta decisiones dentro de sus competencias legales. Sin embargo, la primera página del acto disponible no identifica las resoluciones específicas que habrían motivado el recurso.
Por consiguiente, todavía no es posible determinar cuáles obligaciones concretas reclaman los regidores ni los argumentos completos que sustentan su solicitud.
Amparo ante jurisdicción administrativa
El amparo de cumplimiento, contemplado en la Ley 137-11, permite reclamar judicialmente la ejecución de obligaciones establecidas en determinadas normas o actos administrativos. En este caso, el acto de emplazamiento menciona expresamente al Tribunal Superior Administrativo como órgano ante el cual se desarrolla el procedimiento.
Además, identifica a los dos concejales como accionantes y al alcalde como autoridad contra la cual se dirige la actuación. No obstante, el documento disponible no permite establecer si existe una decisión judicial sobre el fondo de la controversia.
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