Proyectos de ley buscan elevar a Santa Lucía y Matías Ramón Mella, pero críticos advierten sobre fragmentación y aumento del gasto público
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Congreso Nacional estudia dos proyectos de ley que crearían las nuevas provincias de Santa Lucía y Matías Ramón Mella, una iniciativa que ha encendido las alarmas de geógrafos, economistas y expertos en municipalismo. Los proponentes argumentan mejoras administrativas, pero los críticos califican la medida como un dispendio burocrático que fragmentaría el territorio sin beneficiar a la ciudadanía.
El mapa cambiaría con dos nuevas demarcaciones
Las iniciativas proponen segregar territorios de San Juan y Santo Domingo. Santa Lucía abarcaría 1,122.80 km² de Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo. Matías Ramón Mella ocuparía 709 km² de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Victoria.
San Juan dejaría de ser la provincia más extensa del país si se aprueba la segregación. Pasaría del primer al cuarto lugar en superficie, mientras La Altagracia ascendería al primer puesto.
Expertos alertan sobre fragmentación territorial
Bolívar Troncoso, presidente del Instituto Geográfico Nacional, advirtió sobre el impacto negativo de esta práctica. “Mientras más se fracciona el territorio, más se dificulta su manejo y planificación”, enfatizó.
El sociólogo Cándido Mercedes calificó los proyectos como “una aberración”. El consenso técnico del IGN coincide en que el país no requiere más provincias, sino un ordenamiento territorial riguroso.
Creación de nuevas provincias generaría más gasto
El experto en asuntos municipales Waldys Taveras cuestionó duramente la creación de las nuevas provincias. “No tienen razón de ser. Van a generar a la ciudadanía un mayor gasto presupuestario. Yo creo que este país no aguanta más burocracia estatal grande, mala y cara”, expresó.
Cada nueva provincia requiere una gobernación, oficinas de ministerios, dependencias judiciales y juntas electorales. Además, el Senado sumaría cuatro legisladores más, junto con la redistribución de diputados.
Intereses políticos detrás de la iniciativa
Los críticos señalan que el principal interés de los proponentes es crear más cargos públicos. Diputados, senadores, alcaldes y regidores engrosarían la nómina estatal a costillas del Presupuesto Nacional.
Ninguno de los legisladores ha presentado un estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica de estas modificaciones. La Constitución exige ese requisito, pero los proyectos han avanzado sin él.
El procedimiento y sus vacíos legales
La Constitución dominicana no fija requisitos mínimos de población o extensión para crear una provincia. El procedimiento solo requiere una ley aprobada por el Congreso que modifique la Ley 5220 sobre División Territorial.
Los proyectos de ley fueron presentados por el senador Félix Bautista (Santa Lucía) y el diputado Abelardo Rutinel (Matías Ramón Mella) retomó el proyecto de su tío Tonty Rutinel. Las iniciativas serán estudiadas a partir del 16 de agosto y requieren aprobación legislativa y promulgación ejecutiva.
Un debate que trasciende lo geográfico
La discusión sobre las nuevas provincias no es nueva. Desde la creación de la provincia Santo Domingo en 2001, han surgido iniciativas similares que han quedado engavetadas.
El país pasaría de 31 provincias y el Distrito Nacional a 33 provincias si se aprueban ambas iniciativas. Los críticos insisten en que la prioridad debe ser optimizar la inversión pública y fortalecer la autonomía financiera de los municipios existentes.
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