Leivy Bautista y su esposo acusan a comunicador y al Grupo Alofoke de difamación e injuria digital, en un caso con récord indemnizatorio
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Una demanda penal por 100 millones de pesos sacude el ecosistema digital dominicano. La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasile Guelie, conocido como «Jean Claude», acusan al comentarista Eduardo Saint-Hilaire y al Grupo Alofoke de difamación digital RD, tras señalamientos públicos que vinculan al empresario con narcotráfico, contrabando y crimen organizado, sin presentar prueba alguna.
Acusaciones sin pruebas
La querella fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los querellantes aseguran que Saint-Hilaire actuó con reiteración e irresponsabilidad en el programa Esto no es Radio Show.
Las afirmaciones, dicen, afectaron la honra del empresario, la dignidad de la diputada y el bienestar de sus hijos menores. Un expediente preliminar indica que no existen pruebas documentales ni judiciales que respalden los señalamientos.
La difamación digital RD alcanza niveles de gravedad cuando se emiten en plataformas con millones de seguidores. El alcance viral multiplica el daño, según especialistas en derecho digital consultados por este medio.
Sustento legal sólido
La acción judicial se apoya en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología. También invoca el artículo 367 del Código Penal Dominicano, que sanciona la injuria y difamación.
Los abogados de la parte querellante sostienen que las expresiones no son opinión, sino imputaciones falsas. “No hay libertad de expresión que proteja la calumnia”, afirmó una fuente cercana al expediente.
Estadísticas del Poder Judicial reflejan un aumento del 40% en querellas por difamación digital RD entre 2022 y 2024. Sin embargo, pocas alcanzan montos indemnizatorios tan altos como los 100 millones de pesos reclamados aquí.
Responsabilidad empresarial incluida
La demanda incluye como terceros civilmente responsables a Alofoke Media Group Corp. y Alofoke Music S.R.L. Estas empresas producen y difunden el programa donde ocurrieron los señalamientos, según reza la querella.
El Grupo Alofoke no ha emitido una declaración oficial hasta el cierre de esta edición.
Fuentes verificadas dentro del ámbito jurídico señalan que el caso podría sentar un precedente institucional. La legislación dominicana exige a los medios digitales mayor control sobre el contenido difamatorio. De comprobarse mala fe, las sanciones económicas y penales podrían ser ejemplares.
Defensa del honor
La diputada Bautista y su esposo reafirmaron su compromiso con la verdad y su dignidad pública. Consideran que las acusaciones forman parte de una campaña deliberada de desprestigio sin sustento probatorio.
El proceso, aseguran, no es contra la prensa, sino contra el uso temerario de plataformas digitales. “No se puede sustituir la verdad periodística por la calumnia”, expresó un portavoz de los querellantes.
Organismos de derechos humanos han advertido que la difamación digital RD requiere equilibrio con la libre expresión. En este caso, los querellantes confían en que la justicia probará la falsedad de los señalamientos.
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