MONTE PLATA, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre y una mujer responsables de un orfanato intervenido por las autoridades, debido la ocurrencia de abuso y violación sexual en contra de menores de edad.

Los imputados son la dominicana Rossana Andújar Santana y el italiano Franchesco Padovani fungían como coordinadora y encargado del hogar “Proggeto Esperanza”, ubicado en el distrito municipal de Boyá, de este municipio.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Zaida Vásquez, directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Monte Plata, y María Elena de Jesús, procuradora fiscal titular interina de Niños, Niñas y Adolescentes en la localidad, mostró en el tribunal elementos que comprometen la responsabilidad de los imputados en la ocurrencia de los hechos atribuidos.

El tribunal ordenó que Andújar Santana cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y Padovani, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.

El órgano de la persecución penal indica que ambos faltaron a su papel de protectores de los derechos del grupo bajo su cuidado, en violación al artículo 351-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03, o Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En la intervención realizada por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con la Policía Nacional y la Unidad de Atención a las Víctimas de la provincia Monte Plata, fueron rescatados los niños y adolescentes albergados en el centro.

Los estudios médicos y psicológicos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permitieron encontrar evidencias de abuso físico y sexual en contra de varios infantes y adolescentes. La población interna del orfanato quedó ahora bajo protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La casa de acogida continuará cerrada temporalmente, por disposición del tribunal, mientras el Ministerio Público amplía su investigación respecto al caso.

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