El Poder Ejecutivo somete al Senado un proyecto de reforma a la Ley 74-25 luego de cacerolazos y manifestaciones en la Plaza de la Bandera
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Senado un proyecto para modificar 18 artículos del nuevo Código Penal, en respuesta directa a una ola de protestas ciudadanas que estalló en todo el país durante la semana. La reforma penal, presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, busca corregir los artículos más cuestionados de la Ley 74-25 antes de su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto. Los manifestantes, convocados en la Plaza de la Bandera con cacerolazos y consignas, exigían eliminar lo que calificaban como una “ley mordaza” que criminalizaba la crítica y el periodismo.
Protestas callejeras forzaron la revisión
Decenas de ciudadanos se concentraron el jueves frente a la Plaza de la Bandera para exigir modificaciones al nuevo Código Penal. Los manifestantes, provenientes de San Cristóbal, Herrera, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, denunciaron que varios artículos limitaban la libertad de expresión. «Vengo de El Cacique y exijo un alto a la ley mordaza», expresó una participante. Durante los primeros tres días de la semana se registraron cacerolazos continuos en sectores como Ensanche Ozama, Bella Vista, Arroyo Hondo y Naco. La protesta avanzó hacia la avenida Luperón pasadas las 5:00 de la tarde, pese a la presencia de agentes de la Digesett.
El Ejecutivo actuó con rapidez legislativa
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó formalmente la iniciativa ante la Secretaría General Legislativa. La reforma penal quedó registrada bajo el expediente número 01705-2026-PLO-SE. De los Santos explicó que las modificaciones son el resultado de consultas con juristas, académicos, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil. «Proponemos incorporar mejoras derivadas de las observaciones y aportes formulados con el propósito de fortalecer el texto», declaró el legislador. El Congreso mantiene abierto el plazo para observaciones hasta el 15 de julio.
Los 18 artículos bajo la lupa ciudadana
La reforma penal abarca cuatro grandes bloques temáticos que impactan la vida jurídica del país. El bloque de libertad de expresión y prensa concentra cinco artículos, el núcleo de las demandas ciudadanas. El artículo 192, que sancionaba con seis meses a un año de prisión la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, ahora incluirá la excepción de interés público legítimo. El artículo 208, que castigaba las falsas imputaciones con penas de dos a cinco años, recibirá una revisión profunda. El artículo 211 detallará los actos que no constituyen difamación, incluyendo reseñas periodísticas. El artículo 310, que sancionaba el ultraje contra funcionarios con quince días a un año de prisión, también sufrirá modificaciones sustanciales.
Protección al periodismo y a la denuncia
La iniciativa protege el derecho a la denuncia ciudadana sin temor a prisión por cuestionar la gestión de funcionarios públicos. Los periodistas de investigación contarán con un «escudo legal» explícito bajo el criterio de interés público para difundir información de relevancia colectiva. La normativa también aborda el ciberbullying, el acoso, el exhibicionismo sexual, la malversación de fondos y el abandono de niños. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió el nuevo Código como «una reforma histórica» que incorpora más de 70 nuevos tipos penales.
Comisión bicameral decidirá el futuro legal
Una comisión bicameral estudiará la reforma penal antes de la entrada en vigencia de la Ley 74-25. De los Santos garantizó que las enmiendas serán debatidas y aprobadas antes de la fecha límite. El Congreso no descarta que el presidente Luis Abinader convoque una legislatura extraordinaria si se necesita más tiempo. Tampoco se cierra la posibilidad de posponer la entrada en vigor del nuevo Código Penal. La movilización ciudadana logró abrir un espacio de diálogo que muchos consideraban cerrado. La reforma penal representa, para los sectores críticos, una victoria de la participación popular sobre la rigidez legislativa.
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