El retraso de once días en el arresto de un denunciado expone la alarmante vulnerabilidad que enfrentan las víctimas de violencia en el país
COTUÍ, República Dominicana – Una preocupante situación de desprotección judicial afecta a una joven en este municipio. Han pasado once días desde que la ciudadana interpuso una querella por agresión física contra su pareja. Hasta la fecha las autoridades competentes no ejecutan la orden de arresto correspondiente.
Justicia en Sánchez Ramírez bajo cuestionamiento
La denunciante Anabel Díaz expresó su indignación mediante un reporte del medio Quisqueyano Donde Quiera. El acusado Fausto Ezequiel Valdez Cordero camina libremente por las calles. Esta inacción judicial mantiene a la víctima bajo un constante estado de terror. Las estadísticas oficiales confirman demoras críticas en los arrestos preventivos. Esta preocupante realidad debilita la confianza ciudadana en los procesos judiciales.
DICRIM emite aviso de búsqueda
La Dirección Central de Investigación activó la localización formal de Valdez Cordero, alias Keka. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Sánchez Ramírez emitió la orden de captura 2026-AJ0035504. La disposición judicial cuenta con la firma de la magistrada Dorka Altagracia Vásquez Peguero. Al ciudadano se le atribuye la violación de los artículos 307 y 309 del Código Penal Dominicano.
Tragedias latentes por lentitud oficial
La referida ley 24-97 penaliza de forma estricta los delitos por violencia intrafamiliar. Díaz teme que la falta de respuestas oportunas provoque un desenlace fatal en Cotuí. Ella exige al Ministerio Público actuar con urgencia antes de sufrir daños mayores. La negligencia institucional fomenta la impunidad en estos casos de agresión. El entorno de la víctima exige una intervención policial inmediata.
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