La mayoría afín al Gobierno rechazó aliviar salarios y pymes, mientras redujo cargas a bancas y premios de apuestas
El resultado político es demoledor: los legisladores le dieron la espalda al pueblo en una materia de ley, mientras dejaron mejor parado a un sector con influencia histórica dentro del propio Congreso.
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – El Senado de la República rechazó la indexación salarial hasta RD$52,000 y la eliminación del anticipo a pequeñas empresas, como propuso el senador Omar Fernández, pero aprobó modificaciones que reducen cargas fiscales a bancas de rifas, apuestas y premios.
Espalda al pueblo
La decisión dejó una señal política dura. La mayoría afín al Gobierno votó contra un alivio directo al salario y a los pequeños negocios. La propuesta del senador Fernández buscaba elevar el mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta hasta RD$52,000 mensuales. También planteaba eliminar el anticipo para pequeñas empresas.
Sin embargo, la moción recibió 28 votos en contra y solo tres a favor. Apoyaron la iniciativa Eduard Espiritusanto, Antonio Taveras y el propio Omar Fernández. El contraste resulta difícil de explicar. Para los trabajadores, el Senado cerró la puerta. Para las pequeñas empresas, mantuvo un alivio limitado. Pero para las bancas de rifas y apuestas, sí hubo espacio de negociación.
Una ley ignorada
La indexación salarial no es un capricho político. Es un mecanismo previsto para ajustar los tramos del ISR frente a la inflación. Cuando ese ajuste no se aplica plenamente, el salario pierde poder de compra y el Estado cobra más sin subir formalmente la tasa. En la práctica, el trabajador paga por el deterioro del dinero.
Por eso, rechazar la indexación salarial hasta RD$52,000 golpea a una clase media que ya carga alimentos caros, transporte costoso, servicios deficientes e impuestos acumulados. La mayoría senatorial pudo corregir una distorsión sensible. Sin embargo, prefirió cerrar filas con el proyecto oficial.
Bancas acomodadas
Lo más indignante fue el trato diferenciado al negocio de los juegos de azar.
Mientras se rechazó el alivio salarial, el Congreso redujo el impuesto único anual a las bancas de RD$120,000 a RD$80,000. Además, ajustó la tributación sobre premios en bancas de lotería, deportivas y otras apuestas. Los premios entre RD$200,000 y RD$600,000 pagarían 15%. Los que superen RD$600,000 quedarían gravados con 25%.
El mensaje político es brutal: rigidez para el salario, cautela para las pymes y concesiones para un sector que vive de la esperanza ajena. En República Dominicana existen múltiples rifas diarias, bancas, sorteos y otros juegos extendidos en barrios y avenidas. Esa expansión no es solo económica. También tiene efectos sociales.
Poder sin sensibilidad
La Organización Mundial de la Salud advierte que los juegos de azar pueden generar daños financieros, ruptura familiar, problemas de salud mental y suicidio. Por eso, el Estado no puede tratar las bancas de rifas como un negocio cualquiera. Menos aún cuando niega una indexación salarial que habría dado oxígeno a miles de trabajadores.
El Senado aprobó con rapidez el Plan Anticrisis. Pero esa velocidad no apareció para proteger mejor el ingreso familiar. Al final, la mayoría legislativa eligió dónde ponerse. No se colocó del lado del salario. Tampoco del lado de las pequeñas empresas.
Se colocó del lado del paquete fiscal del Gobierno y dejó una pregunta inevitable: ¿para quién legislan realmente los senadores?
Conflicto evidente
El episodio no puede analizarse sin mirar la composición real del Congreso. Durante años, reportes periodísticos han documentado la presencia de diputados y senadores vinculados directa o indirectamente al negocio de bancas, rifas, loterías y apuestas. Ese dato agrava la discusión. Si legisladores con intereses en ese sector participan en decisiones tributarias que lo afectan, el problema deja de ser solo fiscal. También se convierte en un asunto de ética pública, representación política y conflicto de intereses.
Por eso, la reducción de cargas a bancas y premios resulta todavía más escandalosa. El Senado rechazó elevar la indexación salarial hasta RD$52,000, negó mayor alivio a pequeñas empresas y, al mismo tiempo, suavizó el trato impositivo a un sector con fuerte presencia económica y política.
La pregunta no es menor: ¿puede un Congreso legislar con independencia cuando parte de su matrícula tiene vínculos con el mismo sector beneficiado? La mayoría afín al Gobierno no solo votó contra una propuesta favorable al salario. También dejó la impresión de que el poder legislativo escucha con más atención a los negocios de apuestas que al trabajador formal.
En un país saturado de rifas diarias, bancas y juegos de azar, ese mensaje golpea la credibilidad institucional. Mientras el salario pierde poder de compra, el Congreso parece más sensible a los intereses del negocio de la suerte que a las necesidades del pueblo.
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