El tamaño financiero del sector y la debilidad del esquema de supervisión reabren una discusión que ya no admite más demora
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – La regulación de las cooperativas volvió a colocarse en el centro del debate nacional tras nuevas advertencias sobre la fragilidad del esquema de supervisión que rige al sector en República Dominicana. La discusión cobró más fuerza luego de que el abogado Juan Francisco Álvarez, en declaraciones realizadas en el programa La Mañana con Dary, posteriormente publicadas por El Nuevo Diario, planteara que muchas cooperativas ya superaron su modelo original y hoy operan con un peso económico y social que exige controles más rigurosos.
Un marco envejecido
La base legal del cooperativismo dominicano sigue descansando en la Ley 127-64, una norma de 1964 que el propio portal de IDECOOP mantiene como referencia central del sector. A eso se suma la Ley 31-63, que creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. En los hechos, IDECOOP conserva funciones de supervisión, coordinación y fiscalización de cooperativas bajo ese marco legal.
El problema es que el sector cambió mucho más rápido que la arquitectura regulatoria. El Banco Central explicó en una nota aclaratoria que la discusión sobre reforma no apuntaba a todo el cooperativismo, sino a aquellas cooperativas abiertas de ahorro y crédito que realizan actividades más cercanas a la intermediación financiera. Ese matiz importa. No todas las cooperativas presentan el mismo nivel de riesgo. Pero algunas sí crecieron lo suficiente como para justificar una supervisión diferenciada.
La presión sube
La preocupación ya dejó de ser solo local. En la declaración final de la misión del Artículo IV correspondiente a 2025, el personal técnico del FMI sostuvo que una nueva Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito reforzaría la supervisión y mejoraría el marco antilavado. Esa observación colocó el debate dentro de una agenda más amplia de estabilidad, integridad financiera y protección del ahorro popular.
Además, IDECOOP mantiene entre sus servicios públicos visitas de supervisión y auditoría a cooperativas sujetas a la Ley 155-17, así como informes, recomendaciones de sanciones y seguimiento regulatorio. El dato confirma que el Estado sí reconoce la necesidad de controles. La discusión real es si esos controles resultan suficientes frente al tamaño actual del sector.
El punto de quiebre
Ese es el corazón del problema. Si una cooperativa administra grandes volúmenes de recursos, expande servicios, financia operaciones de escala y afecta directamente el bienestar de miles de familias, el debate deja de ser doctrinal. Pasa a ser institucional. La regulación de las cooperativas ya no puede depender de una supervisión débil, fragmentada o tardía.
Las advertencias de Juan Francisco Álvarez encajan en ese cuadro. Su planteamiento, divulgado por El Nuevo Diario, no es solo un comentario coyuntural. Es la síntesis de una discusión que el país ha postergado durante años: si el Estado dominicano quiere preservar la naturaleza social del cooperativismo, tendrá que acompañarla con reglas modernas, controles efectivos y criterios proporcionales al riesgo.
Lo que sigue
La salida no parece ser una intervención indiscriminada. La propia discusión pública sugiere una ruta más técnica: diferenciar tipos de cooperativas, reforzar la supervisión sobre las que captan recursos con mayor escala, elevar exigencias de transparencia y actualizar el marco legal sin destruir la lógica solidaria del modelo.
Esa reforma ya no luce optativa. Luce tardía. Porque cuando el crecimiento financiero supera a la vigilancia institucional, el vacío regulatorio termina convertiéndose en una amenaza para los propios socios.
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