TSA rechaza amparo a niño Dayron Almonte por medicamento

El Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción de amparo que buscaba garantizar el Evrysdi, medicamento de RD$620,000 para el menor con AME tipo 1

SANTO DOMINGO, República Dominicana – La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisible la acción de amparo que buscaba obligar al Ministerio de Salud Pública a suministrar el medicamento Evrysdi al niño Dayron Almonte Socias, de un año y medio, diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal tipo 1. El rechazo de amparo deja a la familia sin respaldo judicial y con solo dos días de tratamiento antes de que el fármaco se agote por completo.

La decisión judicial que condena a un niño

El tribunal, integrado por la jueza presidenta Luisa N. del Carmen Canaán Polanco, Willys de Jesús Núñez Mejía y William Encarnación, acogió las excepciones del Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General Administrativa mediante la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00323. Los jueces argumentaron que el amparo no es la vía adecuada porque existe «otra vía judicial idónea»: un recurso contencioso-administrativo ordinario.

El magistrado William R. Encarnación Mejía emitió un voto disidente. Sostuvo que la negativa del Estado vulnera el derecho fundamental a la salud de un menor en condiciones precarias y que debía ordenarse la entrega inmediata y gratuita del fármaco. Su voto quedó en minoría. La orden de protección fue denegada.

El costo del medicamento y la angustia de una madre

El Evrysdi (Risdiplam) 60 mg/80 ml cuesta aproximadamente RD$620,000 por frasco y cubre apenas dos meses de tratamiento. Dayron padece Atrofia Muscular Espinal tipo 1, la forma más severa de esta enfermedad genética que afecta las neuronas motoras y limita el desarrollo muscular. La condición requiere tratamiento continuo e inmediato para evitar un mayor deterioro de su salud.

“A Dayron le queda aproximadamente dos días de tratamiento. Las autoridades no han respondido y el tribunal falla en nuestra contra después de casi dos meses esperando”, explicó su madre, Génesis Socias. “Estamos recaudando RD$620,000 para costear el siguiente frasco”, añadió. La madre confesó que cada vez que se acerca el momento de terminar el tratamiento no pueden dormir. “Cuando él no recibe el medicamento, el efecto se nota de inmediato”, afirmó.

Contradicciones del Estado y falta de voluntad política

La defensa de la familia criticó la postura presupuestaria del Gobierno. Señaló que mientras se niega el medicamento al menor por supuesta falta de fondos, el Ministerio de Salud realizó compras de emergencia para publicidad gubernamental por más de 31 millones de pesos en los últimos meses del año pasado. La abogada Zelandia Díaz, representante legal del menor, denunció que la institución solicitó al tribunal rechazar la acción de amparo y remitir el reclamo a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Díaz calificó como inverosímil que el Ministerio de Salud Pública despliegue una amplia defensa legal en los tribunales para negarse a suministrar un medicamento esencial. La jurista aseguró que en sus investigaciones ha identificado al menos diez niños más y dos adultos con esta misma condición en República Dominicana que no reciben el fármaco.

La carrera contra el reloj para salvar a Dayron

El menor se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos pediátricos y recientemente requirió una transfusión sanguínea debido a complicaciones asociadas a su condición médica. La interrupción del medicamento amenaza directamente su estabilidad médica. La familia responsabiliza directamente al Ministerio de Salud Pública, al Programa de Medicamentos de Alto Costo y al ministro Víctor Atallah por cualquier deterioro que pueda sufrir la salud de Dayron si el tratamiento se detiene.

Ante la falta de soluciones oficiales, los padres han iniciado una campaña de recaudación de fondos y han compartido cuentas bancarias para recibir donaciones. “Que por favor nos ayuden. Mi hijo necesita ese medicamento para vivir”, concluyó la madre. El rechazo de amparo ha dejado a la familia desamparada ante la burocracia estatal.

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