El antiguo hotel adquirido para concentrar tribunales sigue sin operar, entre litis, auditorías y cesión de usufructo
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – El caso del Hotel Cervantes vuelve al centro del debate público tras años de una inversión judicial que no cumple su propósito original: alojar jurisdicciones especializadas del Distrito Nacional en Gascue, mientras persisten una litis técnica, decisiones administrativas y reclamos sobre el uso de recursos estatales.
Una inversión trabada
El Consejo del Poder Judicial adquirió a finales de 2017 el antiguo Hotel Cervantes, en Gascue, para convertirlo en sede de tribunales especializados. Diario Libre reportó que el inmueble costó RD$144 millones y que allí operarían salas del Tribunal Superior Administrativo, Familia, Trabajo y otras jurisdicciones.
Además, la Constructora Vélez & Sánchez, Convesa, ganó en 2018 la licitación para remodelar el edificio. También obtuvo el contrato del parqueo. Según Diario Libre, la obra quedó paralizada desde 2019, luego de una disputa sobre supuestos vicios, permisos y licencias.
Costos bajo escrutinio
La inversión total verificable ascendió a RD$358.5 millones, incluyendo compra, remodelación, parqueos y reajustes técnicos. Ese monto difiere de denuncias públicas que hablan de pérdidas superiores, pero esas cifras no aparecen confirmadas en las fuentes revisadas.
La litis también llegó al Tribunal Superior Administrativo. En julio de 2024, el TSA condenó a Convesa al pago de RD$20 millones a favor del Consejo del Poder Judicial, aunque la empresa recurrió en casación.
Cesión cuestionada
Otro elemento elevó el ruido institucional. Diario Libre reportó que, en diciembre de 2024, el Consejo del Poder Judicial transfirió a Bienes Nacionales el usufructo del terreno y las mejoras del Hotel Cervantes. A cambio, recibió el edificio del Registro Inmobiliario en el Centro de los Héroes.
El magistrado Luis Henry Molina figura oficialmente como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Por eso, el caso exige respuestas documentadas, no consignas. El Hotel Cervantes resume una pregunta incómoda: cómo una obra pensada para ordenar tribunales terminó atrapada entre contratos, auditorías, litigios y decisiones administrativas.
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