Cesantía laboral en RD está amenazada por reforma injusta al Código Laboral. Trabajadores exigen respeto. / Fuente: Externa

Un primero de mayo incómodo

Cada primero de mayo, la clase trabajadora celebra sus conquistas históricas. Sin embargo, este año la conmemoración en República Dominicana se ve empañada por un debate que amenaza con destruir uno de sus derechos fundamentales: la cesantía laboral en RD. Mientras el mundo rinde homenaje a los mártires de Chicago y a quienes lucharon por la jornada de ocho horas, en nuestro país sectores empresariales presionan para eliminar una garantía que protege al empleado cuando es despedido sin causa.

Historia de dignidad obrera

En 1886, en Estados Unidos, miles de obreros se lanzaron a las calles para exigir condiciones laborales más justas. Aquella lucha costó vidas y libertad a muchos líderes sindicales. Su legado inspiró la creación del Día Internacional de los Trabajadores. Desde entonces, el primero de mayo simboliza resistencia, unidad y derechos conquistados. En República Dominicana, esos derechos incluyeron con el tiempo el salario mínimo, la seguridad social y, crucialmente, el pago de cesantía al ser despedido.

La cesantía: un derecho en riesgo

La cesantía laboral en RD es una compensación económica que el empleador debe pagar al trabajador cuando este es despedido sin causa justificada. Se calcula en función del tiempo trabajado y el salario del empleado. 

Recientemente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha propuesto mantener la cesantía como un derecho, pero con un doble tope aplicable: un límite de seis años de antigüedad y un máximo de diez salarios. Aunque se afirma que no se busca eliminarla, estas modificaciones podrían debilitar significativamente la protección que ofrece a los trabajadores.​

Consecuencias devastadoras

Por consiguiente, si se aprueba la eliminación de la cesantía, el trabajador quedará desamparado en caso de despido injustificado. No habrá compensación, ni recursos para sostenerse mientras busca otro empleo. En un mercado donde predominan la informalidad y el irrespeto a las leyes laborales —como evidencian estudios de la OIT—. Estos hallazgos evidencian que el mercado laboral dominicano se caracteriza por una alta informalidad y desafíos estructurales que limitan el cumplimiento efectivo de las leyes laborales. Por lo que, esta reforma abrirá la puerta a una mayor explotación, rotación laboral y desprotección social. A largo plazo, además, afectará la paz laboral y aumentará la desigualdad.

La ausencia de un seguro de desempleo efectivo

En la República Dominicana, no existe un sistema nacional de seguro de desempleo que brinde apoyo a los trabajadores en caso de pérdida involuntaria del empleo. Aunque algunas entidades bancarias ofrecen seguros de desempleo, estos están vinculados a productos de crédito y no constituyen una red de seguridad social efectiva para la mayoría de los trabajadores.

La falta de un seguro de desempleo efectivo agrava la situación de los trabajadores despedidos, quienes, sin la cesantía, quedarían desprotegidos y sin recursos para enfrentar el desempleo.​

Sindicalismo dividido

Por otro lado, el debate sobre la cesantía ha revelado una fractura evidente en el movimiento sindical dominicano. Mientras figuras como Rafael “Pepe” Abreu, de la CNUS, han denunciado intentos legislativos de reducir derechos adquiridos y han alertado sobre presiones del sector empresarial, otros líderes guardan silencio o han adoptado una postura ambigua frente a la reforma.

Esta falta de unidad y contundencia debilita la capacidad de los sindicatos para defender con firmeza a la clase trabajadora. El silencio de algunos dirigentes sindicales ante el intento de modificación del artículo 80 del Código Laboral ha sido interpretado como una forma de complicidad, generando malestar entre las bases. En un momento crucial para el destino del derecho laboral en República Dominicana, el sindicalismo debería hablar con una sola voz. Pero hoy, la fragmentación interna le resta legitimidad y fuerza a su lucha.

Legisladores entre el compromiso y la presión empresarial

En el marco de la discusión sobre la reforma al Código de Trabajo, varios legisladores han manifestado su postura respecto a la cesantía laboral. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que introducir cambios en la cesantía en este momento sería «inapropiado», destacando que la reforma ha sido consensuada en más del 90% entre empresarios y trabajadores.

Sin embargo, otros actores, como el senador Rafael Barón Duluc, presidente de la comisión especial que estudia la reforma, han señalado que el proceso sigue abierto a propuestas, incluyendo la del Defensor del Pueblo, que plantea sustituir la cesantía por un fondo administrado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL) . Esta apertura ha generado inquietud entre los representantes sindicales, quienes temen que se introduzcan modificaciones que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores.​

¿Qué podemos mejorar?

Frente a la amenaza de perder derechos adquiridos como la cesantía laboral, la clase trabajadora dominicana necesita despertar y organizarse con firmeza. No basta con quejarse en redes sociales o esperar a que otros actúen. Es hora de fortalecer los sindicatos desde las bases, exigir transparencia en sus dirigencias y presionar para que representen realmente los intereses de los trabajadores.

También se requiere promover un movimiento amplio que articule a trabajadores formales, informales, jóvenes desempleados y sectores académicos. La creación de una plataforma nacional de defensa laboral, que vigile las reformas al Código de Trabajo y denuncie públicamente cada intento de retroceso, es crucial. Además, urge exigir al Congreso Nacional la implementación de un seguro de desempleo real y sostenible, y mecanismos efectivos de fiscalización laboral. Porque cuando los derechos se negocian a puertas cerradas, solo la movilización organizada puede frenarlos.

Ante este escenario, es urgente elevar el debate nacional. En lugar de desmantelar derechos, el país debe avanzar hacia una legislación laboral moderna y justa, que incorpore un seguro de desempleo efectivo —algo que aún no existe—, mejores condiciones para la formalización del empleo y mayor fiscalización a quienes violan la ley. Asimismo, los sindicatos deben renovarse, democratizar sus estructuras y volver a conectarse con las bases trabajadoras. El primero de mayo no debe ser una postal del pasado, sino una exigencia de dignidad en el presente.

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