SANTO DOMINGO (7 DIAS).- El alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Junior Santos, denunció hoy que el principal problema de esa demarcación es el congestionamiento del tránsito, por lo que pidió al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acudir en auxilio de esa población.

El funcionario municipal puso como ejemplo la calle Duarte, principal vía de acceso a esa localidad, la cual permanece congestionada, haciendo difícil el desplazamiento de las personas.

Santos explicó que si Obras Públicas construye la nueva carretera, la cual enlazaría a la Circunvalación de Santo Domingo, así como otras vías que dan acceso a la autopista Duarte, el tránsito de Los Alcarrizos se descongestionaría.

“Lo de adentro comienza afectando lo de afuera, porque estamos hablando de que carritos de concho solamente, están trabajando 425 en esa vía (la Duarte), hay alrededor de 200 guaguas y la OMSA que también entra a Los Alcarrizos”, indicó Santos.

Entiende que la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y RD Vial del Ministerio de Obras Públicas deben hacer un esfuerzo para reorganizar el tráfico vehicular en la zona.

El alcalde también se sumó a quienes piden al presidente Danilo Medina extender la línea 2 del Metro de Santo Domingo hasta la entrada de ese municipio, porque eso evitaría muchos tapones en la autopista Duarte.

Fedomu perdió su naturaleza

En otro orden, el alcalde aseguró que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) pasó a ser de un gremio defensor de los alcaldes a una ONG económicamente rica y a dirigir ayuntamientos pobres.

“Tanto así, que su director ejecutivo saliente, Víctor D´ Aza (actual diputado por PRM) recibió 9 millones de pesos de pago por prestaciones laborales, porque en su contrato decía que había que pagarle tres años de lo que era el último salario y los datos están ahí; entonces, lamentablemente Fedomu perdió su naturaleza”, insistió Santos.

Explicó que Fedomu era una institución que demandaba el cumplimiento del 10% del presupuesto general del Estado para los ayuntamientos, demandaba pensiones para los síndicos, pero ahora su función simplemente es dar charlas a los funcionarios y empleados municipales.