Con la intención de que cientos de campesinos y personas de escasos recursos reaccionen ante la resolución 14-2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, gente de poder les han hecho creer a infelices productores que los límites del parque fueron extendidos.

La resolución prohíbe la producción agrícola y pecuaria en las áreas protegidas del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), así como el asentamiento humano.

La información fue ofrecida por el ambientalista Luis Carvajal, quien aseguró que él mismo constató en dos comunidades que están muy alejadas de los límites de Valle Nuevo, que los residentes están reclamando porque el Ministerio de Medio Ambiente los va a desalojar, cuando no están dentro de las áreas protegidas del parque y sus predios no serán tocados.

Confusión y engaño
“Esas personas de poder han ido a donde los campesinos y personas de escasos recursos, a decirles que tienen que actuar porque los van a desalojar. Incluso, estuvimos en una asamblea masiva donde muchas de esas personas que estaban reclamando, no están ni cerca del parque, pero los confundieron diciéndoles que están dentro y que serán desalojados”, aseguró Carvajal.

Aseguró que “yo mismo me dí cuenta que los límites no están donde van. Nosotros comenzamos a escuchar la queja de la gente que vive en comunidades distanciadas del parque y comenzamos a preguntarnos, cómo es posible que esas personas se estén quejando si no están ni cerca del parque”.

Manifestó que a muchas personas de escasos recursos les hicieron creer que el parque lo ampliaron para que crean que los van a sacar del lugar.

Reveló que las dos comunidades que, constató que creen que están dentro de los límites sin estarlo, son Ocoa y Padre Las Casas.

“Incluso le dijeron a los residentes de Los Martínez, que está a unos 50 kilómetros de Valle Nuevo, que están dentro del parque. Eso es una barbaridad, porque lo único que eso persigue es poner a esos lugareños a reclamar”, resaltó.

Explicó que “esas personas de poder” ampliaron los límites de diferentes maneras, porque en la zona de Ocoa están movidos unos 17 o 18 kilómetros más abajo del límite real del parque.

“No puedo decir en cuánto lo ampliaron, porque solo pude constatar los dos puntos que mencioné, pero ellos le avisaron a muchísimas personas que están bien lejos. La técnica fue crear la incertidumbre de cuál es el límite real”, expresó.

Indicó que, ya los verdaderos empresarios están reaccionando y le están demostrando al pueblo que son personas de poder, y admiten que están haciendo actividades ilegales dentro de Valle Nuevo. Consideró que esa situación se da frente a la resolución 14-2016 del Ministerio de Medio Ambiente, y que quienes incitaron esas acciones fueron las personas de poder.

¿Quiénes azuzan?
Al ser preguntado si se refería a los empresarios cuando dice “personas de poder”, Carvajal dijo que “nosotros no sabemos nombres, pero está claro que los empresarios que tienen sus entidades ahí dentro, han usado ese argumento del desalojo”. Manifestó que esas prácticas que cometen esas empresas son en plena violación y lo hacen con conciencia.

“Hay que averiguar legalmente cuánto deben a los empresarios que están reclamando pago por sus terrenos, porque el daño que ellos han causado al intervenir el agua o violar varias leyes medioambientales implican multas significativas y retenciones, lo cual es una cantidad mucho mayor a lo que el Estado debe dar por  esos terrenos”, resaltó.

 

Expresó que esos empresarios reconocieron todas las violaciones que han realizado, por lo que el Estado no puede ser indiferente ante esa situación, “porque ese es un delito conocido públicamente por el que tienen que responder ante la ley”.

Añadió que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente verificar quienes estaban falsificando los límites, agrandándolos de manera falsa, para hacerles creer a muchas personas que están en desalojo.

PROPIETARIOS REACCIONAN
Varios propietarios de terrenos de Valle Nuevo pidieron ayer al presidente de la República, Danilo Medina, que intervenga en la búsqueda de medidas que garanticen la preservación de esa área protegida, y que a la vez reconozcan las prerrogativas que el estado de derecho y la Constitución de la República les confieren a todos los involucrados.

“Hemos hecho todos los esfuerzos para hablar con el ministro de Medio Ambiente y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esa institución ha asumido una posición que no logramos entender, porque nos quieren presentar ante la población como villanos, como si tener un título de propiedad fuera un delito”, manifestó Delia Josefina Ortiz, en representación de los propietarios de terrenos.

Dijo que están de acuerdo con las medidas de preservar a Valle Nuevo, pero que no apoyan la forma en que el ministro Domínguez Brito pretende imponer una medida sin consultar a las partes y sin cumplir con el debido proceso que establece la Constitución dominicana.

“La Constitución dice que cuando un derecho de propiedad y el Estado lo declara de utilidad pública, debe pagar previamente y no ha existido ese pago. Si el Gobierno declaró esos terrenos de utilidad pública tiene que pagarnos o darnos el dinero que cuestan los terrenos en otra cosa”, aseguró.

Consideró que la resolución del ministro es ilegal, porque esta no puede estar por encima de la ley y mucho menos de la Constitución.

Fuente: LISTIN DIARIO


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