Ante la incapacidad de la anterior gestión municipal y la inercia de la actual, para finiquitar con este tema del cementerio ilegal, el Gobierno Central debe colocarlo en su agenda política.

 

SANTO DOMINGO (END). – Con más de dos años de ser sepultado el primer cadáver correspondiente a la señora Lourdes María Hernández, en unos terrenos baldío, donde comunitarios y organizaciones representativas improvisaron un cementerio que ya lleva 1903 sepultados, se mantiene en un limbo jurídico, por falta de iniciativa del Estado dominicano.

El vergonzoso papel de las autoridades municipales para encarar el problema que afrontan los ciudadanos alcarricenses para garantizar que sus muertos sean sepultados dignamente, a obliga a los dirigentes comunitarios y defensores de los derechos humanos a tomar las directrices de manera informar del Cementerio.

Lourdes María Hernández, de 82 años, tuvo que ser enterrada en los terrenos que una vez fueron del Consejo estatal del Azúcar (CEA) luego que sus familiares agotaran un proceso para que recibieran su cuerpo en cementerios como el Cristo Redentor y Los Casabes, La Cuaba y Manoguayabo y otros, donde alegadamente lo rechazaron por falta de espacio o cobraban más de RD$10,000.

Tomaron la iniciativa de constituirse en un Patronato, como única alternativa que le permita al municipio Los Alcarrizos y comunidades aledañas, contar con un Cementerio donde enterrar sus cadáveres. Este Patronato cobra entre 5 mil y 15 mil pesos por cada muerto que se entierra. No sabemos que hacen con ese dinero.

El improvisado Cementerio que llevaría el nombre de la señora Lourdes Hernández, ubicado en el sector la Piña posee una extensión territorial de unos trescientos ochenta y siete mil metros cuadrados, (387,000), actualmente presenta una Litis entre alegados propietarios de los terrenos.

El Patronato que desde entonces ha dirigido el proceso de lo que llaman el “Cementerio Municipal, de Los Alcarrizos, cuentan con estudios topográficos y diseñaron el terreno por manzanas para sepultar los cadáveres que casi a diario son llevados al lugar.

Entre los supuestos defensores de los derechos humanos que forman parte del Patronato- figuran: Ángel Medina, Roberto Abreu, Carlos Lora, Delio Roa, David Ovalles, Gregorio Morillo, Nathanael Espinal.

“Hemos tratado de hacer una administración lo más justa y equitativa posible. Tenemos 1903 personas, incluidos 193 de nacionalidad haitiana, y dentro de las causas principales de fallecimientos, se encuentran por riñas, VIH, Covid-19, accidentes de tráfico, entre otros”, expresó Roberto Abreu.

Indicó que han reclamado a las autoridades que emitan el decreto que declara de utilidad pública los terrenos para formalizar el cementerio, con verja perimetral, calles y otras obras para que los difuntos descansen en paz.

Finalmente, Carlos Lora, dijo que los propulsores del proyecto, han tenido que luchar con personas de diferentes esferas sociales que se quieren adueñar de los terrenos dedicados al cementerio.

 

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Fuente: El Nuevo Diario