Acusan a expresidente Cristiani ordenar ejecución

En la mañana del 16 de noviembre de 1989, El Salvador y el mundo despertaron con las noticias que seis Jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta habían sido brutalmente asesinados. El ejército salvadoreño llevo a cabo el crimen como parte de su desencaminada defensa contra una ofensiva lanzada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El ejército buscaba desviar atención de su papel en los asesinatos y culpo al FMLN pintando la consigna del FMLN en las paredes de la escena del crimen que falsamente acusaba a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno. Como esta resumido en el reporte de la Comisión de Verdad, en la noche del 15 de noviembre, 1989, el coronel Ponce, en la presencia del general Juan Rafael Bustillo, coronel Juan Orlando Zepeda, coronel Inocente Orlando Montano y coronel Francisco Elena Fuentes, ordeno al coronel Guillermo Alfredo Benavides que matara al padre Jesuita Ellacuría y que no dejara testigos. Esa misma noche, Benavides le ordenó a Espinoza Guerra que llevara a cabo la misión de matar a Ellacuría y no dejar testigos.

Espinoza Guerra y su sección llegaron a la Universidad de Centro América “José Simeón Cañas” (UCA) en San Salvador y en la madrugada del 16 de noviembre, 1989 y se abrieron paso a través del Centro Pastoral. 

Cuando los sacerdotes salieron para averiguar cuál era todo el alboroto, fueron ordenados a salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados revisaban el edificio. A este punto, el teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes.  Al final, seis sacerdotes, la ama de llaves y su hija fueron brutalmente asesinados.

El teniente Espinoza Guerra y sus tropas intentaron cubrir su papel en la masacre tratando de hacer parecer que los asesinatos fueron cometidos por miembros del FMLN. Hicieron esto por pintar la consigna del FMLN en las paredes y usando un rifle asociado con matanzas del FMLN.

En respuesta a una petición presentada por Human Rights Watch en 1999, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (IACHR) encontró que El Salvador había violado los derechos a la vida, garantías judiciales y persecución efectiva de las víctimas.

La IACHR recomendó que El Salvador condujera una investigación completa, imparcial y efectiva en acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a todos los grupos responsables.

La Comisión también hizo el llamado a El Salvador para indemnizar los grupos afectados y ajustar sus leyes internas para cumplir con el Convenio Americano de Derechos Humanos, que incluyera la revocación de la Ley de Amnistía.

En los últimos decenios, El Salvador todavía no ha tomado los pasos necesarios para cumplir con estas recomendaciones. La Ley de Amnistía todavía está en efecto, y ninguno de los responsables han sido traídos a justicia. En vez, muchos de ellos ocupan importantes posiciones políticas en el país.

Todo esto ha ocurrido, aunque la masacre de los jesuitas es, junto con el asesinato del arzobispo Romero y las de las monjas y mujer laica estadounidenses, uno de los casos más emblemáticos de impunidad de la guerra civil en El Salvador.

Es nuestra esperanza, que, a través de esta litigación, podamos ayudar a los parientes de las víctimas y a las víctimas salvadoreñas encontrar la justicia que se les ha negado durante los últimos 30 años.

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